En República Dominicana, nos enfrentamos a una contradicción alarmante: mientras la construcción informal suma entre 60,000 y 70,000 viviendas anuales (más del 90% del total nacional), el sistema formal parece diseñado para asfixiar a quienes sí quieren cumplir las normas.
El nudo crítico: Actualmente, el profesional de la construcción se encuentra atrapado en una “pelea de trabas” entre los Ayuntamientos y el MIVED. La duplicidad de funciones en la revisión de linderos y diseño arquitectónico genera retrasos de hasta un año por proyecto.
¿La consecuencia? Una vulnerabilidad sísmica sistémica. Si el proceso para formalizarse es lento y costoso, el sistema termina empujando incluso a los profesionales hacia la informalidad.
¿La ineficiencia? Agotar de 2 a 3 meses en un Ayuntamiento para un Uso de Suelo, para luego repetir criterios de revisión en el MIVED, no es control, es burocracia paralizante.
Propuesta de valor: Debemos delimitar facultades. Los Ayuntamientos deben regir de manera facultativa sus zonas (linderos y uso de suelo), mientras que el MIVED debería centrarse en la seguridad estructural y la normativa técnica nacional, flexibilizando los tiempos de aprobación.
El Estado deja de percibir contribuciones fiscales importantes, pero lo más grave es que el riesgo país aumenta. Necesitamos protocolos adaptados a nuestra idiosincrasia que prioricen la seguridad sin sacrificar la agilidad.
¿Es hora de unificar criterios o seguiremos permitiendo que la burocracia sea el principal promotor de la construcción ilegal?